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Cuando
ya estamos cerca de que se cumplan dos décadas desde su entrada en vigor, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
sigue siendo sistemáticamente incumplida por un 96% de las empresas del estado
español, hecho que es posible con la colaboración necesaria de instituciones,
organismos públicos, autoridades laborales y burocracias sindicales.
El
incumplimiento sistemático y sin problemas de esta Ley seguramente será la
causa fundamental de que los empresarios no hayan visto la necesidad de
reclamar su reforma, siendo el único espacio que todavía no han tocado en el
ámbito laboral, junto con la Ley de Huelga, aunque el motivo para no tocar esta
última será más bien el de no quitarnos la herramienta con la que -cada vez que
pretendemos utilizarla- l@s trabajador@s hacemos muy visible como nos estamos
ahogando en nuestras propias miserias.
La
Ley de Prevención de Riesgos Laborales es incumplida en
muchos de sus aspectos, siendo el más trascendente de ellos, por las consecuencias
directas que nos supone a l@s trabajador@s, el de que los riesgos del trabajo
no estén correctamente evaluados, o simplemente no estén evaluados. De esta
manera, amparándose en una falsa documentación con la que fingen cumplir la
Ley, empresarios y mutuas se quitan de encima su responsabilidad en las
consecuencias sobre la salud de l@s trabajador@s que tienen sus procesos
productivos, y se la cargan al sistema sanitario público.
Lo
más grave de toda esta cuestión no es que empresarios y mutuas actúen
sistemáticamente de esta manera, pues de la clase empresarial de este país no
se puede esperar otra cosa dada su históricamente demostrada catadura moral… Lo
grave es que un organismo público como el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, bajo las directrices de funcionamiento de
sus cargos políticos a dedo, no solo se coma toda esta porquería sin rechistar,
sino que además rechace las reclamaciones que le presentamos l@s trabajador@s
por la vía administrativa aportándole la misma documentación con la que
posteriormente le ganamos a ella (la S.S.), a los empresarios y a las mutuas en
los juzgados.
El
INSS, al igual que otros organismos
públicos, está dirigido en cada territorio por cargos políticos elegidos a dedo
por los gobiernos de turno; y estos cargos políticos a dedo son auténticas
bombas que explotan a diario dentro de los organismos públicos cuando el
gobierno que los ha puesto pretende cargarse -primero para después privatizar-
todos los servicios públicos y sistemas de protección social.
Cuando
el INSS asume la gestión económica
que no le corresponde de las bajas por patologías provocadas en el trabajo, se
está tirando piedras a su propio tejado y autodegradándose intencionadamente,
favoreciendo además a los intereses privados de empresarios y mutuas con un uso
indebido del dinero público, y obligándonos con ello a l@s trabajador@s, y
obligándose a sí mismo también, a unos absurdos e innecesarios gastos
judiciales. Y no solo eso, sino que además está provocando una saturación y un desgaste
indebido de recursos en el Servicio
Navarro de Salud/Osasunbidea.
Eso
sí, la laxitud con la que el INSS se
muestra en la defensa de su caja ante empresarios y mutuas es inversamente
proporcional al celo con el que actúa en la inspección de las bajas por enfermedad
común (aunque su origen sea laboral) de los trabajadores. La acumulación de
periodos de baja de patologías diferenciadas, los dictámenes médicos
contradictorios, y las valoraciones sin exploración médica alguna y sin lectura
de los informes médicos aportados por los trabajadores, con además una atención
irrespetuosa cuando no en ocasiones incluso vejatoria, forman parte de los
contenidos de las denuncias y demandas judiciales que los trabajadores nos
vemos avocados a presentar ante las altas “médicas” prematuras, indebidas e
injustas, de unos inspectores que cobran complementos salariales por tomar
estas decisiones. Y resulta, que las sentencias en las que en estos asuntos los
trabajadores le ganamos al INSS cada vez son más.
En
CGT podemos probar documentalmente
todo lo que se dice en este escrito, lo cual no es motivo de orgullo por la
exposición de nuestra acción sindical en defensa de nuestros derechos, los de
l@s trabajador@s, sino que es cada vez motivo de una mayor preocupación ante la
constatación de la veracidad y la razón de nuestras denuncias sobre una peligrosa realidad que hay que
cambiar, y que nos exige una intensificación de nuestra acción sindical en los
terrenos de lo laboral y lo social que siempre están conectados.
Acción
sindical que hemos de desarrollar sin poder contar con unas burocracias
“sindicales” mayoritarias, que alimentadas a golpe de prebenda y subvención por
empresarios y gobiernos de turno, no cumplen su función de defensa real de los
intereses y derechos de l@s trabajador@s, sino que más bien se dedican a controlarnos
y contenernos, con la obligación -bien pagada- de hacer la vista gorda a los
incumplimientos de la legalidad que debería protegernos. Es lo que hay.
Firmado:
Manolo
Velasco Secretario General de CGT-LKN
Publicado en el martes 25 de Junio de 2013 en Diario de Noticias
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