INSS: ¿INSTITUTO DE INSEGURIDAD SOCIAL?

Cuando ya estamos cerca de que se cumplan dos décadas desde su entrada en vigor, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sigue siendo sistemáticamente incumplida por un 96% de las empresas del estado español, hecho que es posible con la colaboración necesaria de instituciones, organismos públicos, autoridades laborales y burocracias sindicales.

El incumplimiento sistemático y sin problemas de esta Ley seguramente será la causa fundamental de que los empresarios no hayan visto la necesidad de reclamar su reforma, siendo el único espacio que todavía no han tocado en el ámbito laboral, junto con la Ley de Huelga, aunque el motivo para no tocar esta última será más bien el de no quitarnos la herramienta con la que -cada vez que pretendemos utilizarla- l@s trabajador@s hacemos muy visible como nos estamos ahogando en nuestras propias miserias.

La Ley de Prevención  de Riesgos Laborales es incumplida en muchos de sus aspectos, siendo el más trascendente de ellos, por las consecuencias directas que nos supone a l@s trabajador@s, el de que los riesgos del trabajo no estén correctamente evaluados, o simplemente no estén evaluados. De esta manera, amparándose en una falsa documentación con la que fingen cumplir la Ley, empresarios y mutuas se quitan de encima su responsabilidad en las consecuencias sobre la salud de l@s trabajador@s que tienen sus procesos productivos, y se la cargan al sistema sanitario público.

Lo más grave de toda esta cuestión no es que empresarios y mutuas actúen sistemáticamente de esta manera, pues de la clase empresarial de este país no se puede esperar otra cosa dada su históricamente demostrada catadura moral… Lo grave es que un organismo público como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, bajo las directrices de funcionamiento de sus cargos políticos a dedo, no solo se coma toda esta porquería sin rechistar, sino que además rechace las reclamaciones que le presentamos l@s trabajador@s por la vía administrativa aportándole la misma documentación con la que posteriormente le ganamos a ella (la S.S.), a los empresarios y a las mutuas en los juzgados.

El INSS, al igual que otros organismos públicos, está dirigido en cada territorio por cargos políticos elegidos a dedo por los gobiernos de turno; y estos cargos políticos a dedo son auténticas bombas que explotan a diario dentro de los organismos públicos cuando el gobierno que los ha puesto pretende cargarse -primero para después privatizar- todos los servicios públicos y sistemas de protección social.

Cuando el INSS asume la gestión económica que no le corresponde de las bajas por patologías provocadas en el trabajo, se está tirando piedras a su propio tejado y autodegradándose intencionadamente, favoreciendo además a los intereses privados de empresarios y mutuas con un uso indebido del dinero público, y obligándonos con ello a l@s trabajador@s, y obligándose a sí mismo también, a unos absurdos e innecesarios gastos judiciales. Y no solo eso, sino que además está provocando una saturación y un desgaste indebido de recursos en el Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea.

Eso sí, la laxitud con la que el INSS se muestra en la defensa de su caja ante empresarios y mutuas es inversamente proporcional al celo con el que actúa en la inspección de las bajas por enfermedad común (aunque su origen sea laboral) de los trabajadores. La acumulación de periodos de baja de patologías diferenciadas, los dictámenes médicos contradictorios, y las valoraciones sin exploración médica alguna y sin lectura de los informes médicos aportados por los trabajadores, con además una atención irrespetuosa cuando no en ocasiones incluso vejatoria, forman parte de los contenidos de las denuncias y demandas judiciales que los trabajadores nos vemos avocados a presentar ante las altas “médicas” prematuras, indebidas e injustas, de unos inspectores que cobran complementos salariales por tomar estas decisiones. Y resulta, que las sentencias en las que en estos asuntos los trabajadores le ganamos al INSS cada vez son más.

En CGT podemos probar documentalmente todo lo que se dice en este escrito, lo cual no es motivo de orgullo por la exposición de nuestra acción sindical en defensa de nuestros derechos, los de l@s trabajador@s, sino que es cada vez motivo de una mayor preocupación ante la constatación de la veracidad y la razón de nuestras denuncias  sobre una peligrosa realidad que hay que cambiar, y que nos exige una intensificación de nuestra acción sindical en los terrenos de lo laboral y lo social que siempre están conectados.

Acción sindical que hemos de desarrollar sin poder contar con unas burocracias “sindicales” mayoritarias, que alimentadas a golpe de prebenda y subvención por empresarios y gobiernos de turno, no cumplen su función de defensa real de los intereses y derechos de l@s trabajador@s, sino que más bien se dedican a controlarnos y contenernos, con la obligación -bien pagada- de hacer la vista gorda a los incumplimientos de la legalidad que debería protegernos. Es lo que hay.

Firmado:

Manolo Velasco Secretario General de CGT-LKN

Publicado en el martes 25 de Junio de 2013 en Diario de Noticias

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EL ENGAÑO CRÓNICO

Estamos en periodo electoral, tiempo de promesas. Pero no dejamos de estar en la realidad en la que estamos, en el tiempo del engaño crónico, permanentemente reiterado e hilvanado, formando parte de lo habitual, del consenso político y también social.
Lo político es una farsa, ¡vaya que sí! ¿Pudiera decirnos alguien cuáles de las decisiones del gobierno de Zapatero estaban en su programa electoral? o ¿cuáles de las promesas de Rajoy vienen avaladas por las realizaciones de su partido en las comunidades que gobierna?
Pero no es solo la separación entre promesas electorales y su cumplimiento, el engaño es más cotidiano y de más largo alcance. Hace cuarenta años con un contrato de trabajo se adquiría el derecho a una pensión en unas condiciones determinadas, pero esas condiciones han variado a la baja unilateralmente en reiteradas veces. Se quedan, total o parcialmente, en papel mojado los derechos sociales y laborales. Nos meten en guerras. Nos modifican de un plumazo y gravemente la constitución que un día nos llamaron a votar en referéndum. Y así un largo etcétera.
Y no es cierto que no haya nada que hacer, que las circunstancias les obliguen. Las circunstancias condicionan pero no determinan. Siguen teniendo un alto nivel de responsabilidad sobre su gestión, responsabilidad que les debemos exigir.
Valga un ejemplo. Navarra tenía una economía solvente, así nos lo hicieron creer y el dinero corría con alegría: TAVes, autovías, …, y de paso, para ellos, puestos, sueldos varios, comisiones, cesantías y dietas. Pero no era tan solvente como nos lo decían y hubo que hacer ajustes. ¿Dónde aplicarlos? Nuestra Presidenta decidió que el TAV y las autovías eran un compromiso adquirido y, por tanto, intocable, los recortes había que aplicarlos en los gastos más cercanos y que más repercuten en la vida de los y las ciudadanas: sanidad, educación, bienestar social… Barcina se sometió a la cadena de mando. Y la cadena de mando continúa. ¿Qué hubiera pasado si la Consejera de Sanidad le hubiera planteado a la Presidenta que Sanidad no se recortaba o ella dimitiría? Barcina hubiera tenido un problema. Pero no lo tuvo, la Consejera de Sanidad se sometió a la cadena de mando. Y la misma actitud tomaron sus Directores y Subdirectores y demás puestos de responsabilidad, sometiéndose al dictado y descargando los costos hacia escalones más bajos, hasta que recaigan sobre la ciudadanía.
Esa cadena de sometimientos es la que hace que la realidad sea la que es, cada vez más pétrea y poderosa, la que nos plantean como el “esto es lo que hay” que supone una amenaza y una declaración de que nosotros no contamos y vamos a ser los paganos de sus decisiones.
Y somos nosotros y nosotras quienes tenemos que decidir si continuamos la cadena de sometimiento o tratamos de romperla, intentando cambiar la realidad. Para ello tendremos que tener en cuenta: primero, que tenemos un compromiso con la sociedad pero no con nuestros gobernantes, ya que ellos lo han roto hace mucho tiempo; y segundo, que nuestra posición como ciudadanas no es igual para todos y que, por tanto, tampoco son las mismas nuestras posibilidades y responsabilidades ni el precio que nos toca pagar.
De lo primero se deduce que tenemos el derecho e incluso la obligación de no acatar las decisiones de nuestros gobernantes, de salir de la cadena de sometimiento con posturas propias de, o próximas a, la desobediencia civil, ejercidas en los temas que nos parezcan importantes: trabajo, impuestos... Tenemos que ejercer nuestras responsabilidades, intentar hacerlas colectivas y exigir las suyas.
De lo segundo, que tenemos que tomar esas decisiones en función de mayores cotas de igualdad, en ponerla en práctica nosotros y en exigirla de quienes vienen beneficiándose e impulsando las desigualdades.Sin duda lo electoral y sus campañas son un camelo. La actitud que frente a ella tomemos es bastante indiferente y banal. Por suerte o por desgracia la realidad no se decide con el voto. Nuestra responsabilidad no puede reducirse a eso.

Manuel Velasco

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Por el reparto del empleo. Y de los recursos

Trabajo en la sanidad pública navarra, con nivel D, el penúltimo de la administración. Estoy convencido de que la situación laboral y social no va a arreglarse sino que va a empeorar. Cada vez se produce más, demasiado, y con menos gente: sobramos. Cada vez hay y habrá más paro y trabajo en peores condiciones, cada vez las desigualdades son y serán mayores, y se establecen incluso entre nosotros, los trabajadores de baja cualificación.

Estoy convencido de que la única solución a esta situación pasa por impulsar medidas de reparto, y en esa dirección intento trabajar desde mi sindicato, la CGT, y desde el grupo por el decrecimiento, sin mucho éxito todo hay que decirlo.

Si socialmente intento impulsar las cosas en es dirección, también personalmente estoy obligado a aplicármelo. Por eso pedí un permiso sin sueldo para el mes de octubre, y pensaba seguir pidiéndolo uno de cada cinco meses, el 20% equivalente a la tasa de paro, por un motivo de conciencia. El permiso se me concedía pero con una sustitución de solo el 70%. La Administración argüía que a mí me seguían cotizando a la seguridad social, cosa que yo no sabía cuando pedí el permiso. Con todo, esa cotización no llega al 30% que se ahorraban.

No sabía bien qué actitud tomar. Por un lado, a mí me costaría 100 el que otra persona recibiera solo 70. Por otro lado sería una contribución a la destrucción de empleo: perderíamos ese mes un 30% de puesto de trabajo y, si se perdía ese mes, ¿por qué no recortarlo siempre? Con eso no conseguiría del todo lo que quiero y contribuiría a lo que no quiero.

Lo hablé con los compañeros del sindicato y del decrecimiento. Me convencieron de que yo no debía dejar de hacer lo que creía que tenía que hacer, que mi decisión es lo que hago yo, y que lo que haga mi empleadora es decisión suya; a mí me compete, pero en segunda instancia. Que tenía que hacer lo que pudiera en esa segunda instancia de responsabilidad, pero sin dejar de hacer lo que más directamente está en mi mano.

Volveré a pedir, por tanto, ese permiso para el mes de noviembre, y lo realizaré aunque la sustitución sea solo del 70%.

Si quisiera denunciar la actitud de la Administración -mi interlocutora era la Subdirección de Atención Primaria, de Navarra Norte, aunque supongo que actuaba con directrices más amplias. Cuando me daban las razones de mi cotización a la S. S. yo intentaba argumentarles que la persona que me sustituyera iba a dejar de cobrar el desempleo y que el ahorro de la Administración era evidente. Pero la respuesta era que ellos administran su presupuesto. Así están las cosas, cada sujeto de gestión mira por su parcela, con visión rácana. Ni tan siquiera se puede decir que miren, se limitan a cumplir lo que les mandan sin aportar ningún criterio que ayude o mejore. Así estamos también cada uno de nosotros, cada uno mirando a lo nuestro, aunque ellos tengan mayor grado de responsabilidad. Y, en consecuencia, así están las cosas, cada vez peor.

Quisiera acabar solicitando a la Administración que recoja la razón de reparto del trabajo como válida para conceder permisos sin sueldo u otras formas de reparto y que, en esos casos, se comprometan a aplicar sustituciones del 100%.
También solicitaría a los sindicatos a que en la negociación colectiva pongan el acento en reducciones de la jornada (incluso con reducciones salariales, que no tendrían porqué ser equivalentes a la reducción de jornada ni similares para todas las categorías) y su traducción en Oferta Pública de Empleo equivalente.
Por último, animaría a trabajadores y trabajadoras con empleo a hacer cuanto esté en su mano con cualquier tipo de medidas, como no hacer horas extras… Nuestra obligación es exigir el reparto de los trabajos –todos- y de los recursos, pero esta exigencia tendrá fuerza en la medida en que estemos dispuestos a repartir la parte que nos toque o podamos.

Txema Berro Uriz

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